Contraloría advierte irregularidades por $69 mil millones de regalías en Córdoba

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Se trata de ocho hallazgos fiscales por millonarios contratos de investigación que no fueron ejecutados y deficiencias en la calidad de obras de escenarios deportivos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, entre otros.

 La Contraloría estableció ocho hallazgos fiscales y dos penales por $69.507 millones al revisar los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, SGR, en el departamento de Córdoba.

Los recursos, que fueron ejecutados por la Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Cotorra, Planeta Rica, San Bernardo y Ciénaga de Oro, desde 2013, corresponden a 12 proyectos por $378.154 millones, de los cuales $300.449 millones vienen de las regalías.

Uno de los proyectos destacados en el informe es el de ‘Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú, departamento de Córdoba’, para el que la Gobernación de Córdoba firmó en el 2013 un convenio de cooperación con la Corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif, por un valor total de $51.118 millones.

«El objeto del convenio era el desarrollo de un estudio para potencializar el corredor agroecológico de la cuenca del río Sinú. Sin embargo, se encontró que la anterior Gobernación había realizado unos desembolsos por alrededor de $29 mil millones sin que se hubiera ejecutado ninguna actividad del proyecto. Por esta razón, el convenio fue liquidado unilateralmente por la Gobernación de Córdoba a mediados del año 2017», indicó el ente de control.

La Contraloría determinó aquí un hallazgo fiscal por valor de $45.083 millones, que incluyen el hallazgo de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.

También se reporta un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones, «por irregularidades en el manejo de los recursos del estado en el proyecto de ‘Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en los tics en el departamento de Córdoba’, por valor de $46.431 millones».

Se firmó en este, en diciembre del 2013, el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior, que presenta a la fecha, según los auditores, irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato y giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, entre otros.

Además, el ente de control fiscal llama la atención sobre la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, «por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios».

En Planeta Rica, la Contraloría estableció dos hallazgos fiscales por valor de $1.701 millones, por el proyecto ‘Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I’, de $9.173 millones. Y de $765 millones, que tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto ‘Construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva’, de un valor de $3.859 millones.

Por último, la entidad revisora destacó un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto ‘Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservación de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba’.

El proyecto, aprobado en 2013, por un valor de $6.725 millones, tenía como finalidad la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.

«Sin embargo, en el análisis realizado por la Contraloría se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto», concluye el reporte.

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